El Artículo 23.1 de la Constitución Española contempla el derecho de los españoles al sufragio activo, es decir, a emitir un voto para elegir a sus representantes políticos.
Micus veces el alcance de dicho derecho al voto ha sido puesto en cuestion, pues hay quien ve el sufragio no como un derecho, sino como un deber o , todavía más , como una obligación irrenunciable.
En Australia , en algunos países de América Latina, Argentina o Brasil por ejemplo y en otros europeos como Belgica es obligatorio, con la consiguiente , en algunos casos, sancion económica ante el incumplimiento de dicho deber.
En algunos de los países anteriores se implantó como un mecanismo de consolidación de la democracia o para evitar inestabilidad y la vuelta a regímenes autoritarios.
Otros casos ven su implantacion como herramienta de lucha contra el abstencionismo y de legitimación de la toma de decisiones, siguiendo la lógica de que la decisión tomada con la máxima participación de la población será más legítima.
En España, la participación en las elecciones es muy variable.
Depende del tipo de elecciones de que se trate y segun sean estatales , municipales, europeas autonómicas o un referéndum , suele o puede oscilar entre el 52% y el 75%.
Si bien la obligatoriedad del voto conllevaría una alta participación, calculado en un 90% del total de la población, debe tenerse en cuenta que la escasa participación en algunos de los comicios es más bien debida al desencanto politico y a la relativa desconexion entre política , partidos politicos y los ciudadanos
Como resumen , los individuos actúan con racionalidad en el momento de acudir o no a las urnas, valorando los costes y los beneficios, de manera que estos últimos deberán ser superiores para votar a alguna de las opciones existentes.
la implantacion del voto o sufragio obligatorio no implica, de hecho, una sensatez en la emisión del mismo ya que nos encontraríamos ante lo que se denomina “voto al azar”.
A menos de que se contemple la opción del voto en blanco como una alternativa al resto de fuerzas políticas, el elector desinteresado por la política cogerá, sin más, cualquiera de las papeletas.
De hecho, es en este punto cuando el argumento a favor de la legitimad de las decisiones se pierde pues hay que considerar que el voto obligatorio esta visto como contrario a la libertad democrática y actúa como elemento opresivo.
La cuestión no es la instauración del voto obligatorio ya que el debate debe centrarse en cómo incentivar la participación.
Los ciudadanos tienen que poder acceder a una mayor educación y cultura política sobre qué conlleva el ejercicio al voto, de modo que puedan cambiar de visión y ver el acto de votar como un derecho y como una responsabilidad, siendo conocedores de que su decisión no se reduce al día de los comicios, sino que abarca la totalidad de los cuatro años.
Como final, una cuestión importante es la implicación ciudadana en la política como mecanismo para reducir el abstencionismo.
Ésta claro que la implicacion no debe resumirse o en la jornada de las elecciones.
La participación ciudadana va más allá y debe mantenerse durante toda la legislatura, los cuatro años día a día.
El voto es un derecho y también una responsabilidad y debe ser ejercido como tal.
Algunas curiosidades 
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